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Guía para ayudar a las pymes a aplicar medidas de buen gobierno corporativo

CEPYME y el Consejo General de Economistas (CGE) han presentado la Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas. Esta Guía —que ha sido elaborada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas– es un manual práctico y esquemático de fácil consulta mediante el cual las pymes pueden determinar el grado de implantación de medidas de buen gobierno en su entorno mediante la cumplimentación de un sencillo test con 20 preguntas. Una vez realizada esta evaluación previa, la Guía ofrece una serie de recomendaciones basadas en unos principios básicos, que suponen una adaptación a las singularidades de las pymes de toda la normativa e instrumentos que existen en nuestro país en materia de gobierno corporativo (vigente Código Penal, Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno Corporativo y Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas de la CNNV).

La aplicación de normas de gobierno corporativo se ha convertido en un aspecto crucial a la hora de reforzar las buenas prácticas empresariales en grandes empresas. Asimismo, las prácticas de buen gobierno corporativo resultan beneficiosas también para las pequeñas y medianas empresas principalmente en cuanto a su acceso a la financiación y al refuerzo de la confianza de los inversores.

 

Principios básicos:

1. Las sociedades deben informar con claridad en la junta general sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno.

2. La junta general debe funcionar bajo principios de transparencia y con la información adecuada.

3. La sociedad debe facilitar el ejercicio de los derechos de asistencia y participación en la junta general en igualdad de condiciones.

4. El órgano de administración asumirá colectiva y unitariamente, la responsabilidad directa sobre la administración social y la supervisión de la dirección de la sociedad, con el propósito común de promover el interés social.

5. El órgano de administración tendrá la dimensión precisa para favorecer su eficaz funcionamiento y la representación de todos los intereses de sus socios o accionistas.

6. En la composición del órgano de administración se fomentará la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

7. Los miembros del órgano de administración dedicarán tiempo suficiente para el eficaz desarrollo de sus funciones y deberán contar con información suficiente y adecuada para la toma razonada de decisiones.

8. El órgano de administración se reunirá con la frecuencia necesaria para el correcto desarrollo de sus funciones de administración y control.

9. El órgano de administración evaluará periódicamente su desempeño y el de sus miembros, así como los resultados obtenidos por las diferentes direcciones ejecutivas que operan en la sociedad.

10. La sociedad pondrá en marcha una función de control y gestión de riesgos que goce de independencia organizativa y pueda informar al órgano de administración.

11. La sociedad promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa como facultad indelegable del órgano de administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.

12. La remuneración del órgano de administración será la adecuada para atraer y retener a sus miembros de acuerdo con su dedicación, cualificación y experiencia profesional.

Declaraciones tributarias 4ºt 2017 y Declaraciones informativas 2017. OSCAR GUTIERREZ & ASOCIADOS

 Una vez culminado este ciclo es el momento para hacer balance de las actuaciones realizadas para los clientes de OSCAR GUTIERREZ ASOCIADOS. La práctica totalidad de las declaraciones se presentan por vía telemática.

El 20, 30 y 31 de enero finaliza los plazos de presentación de las declaraciones tributarias periódicas correspondientes al período del 4º trimestre de 2017  (periodo mensual de diciembre, en caso de grandes empresas) así como las declaraciones resúmenes anuales 2017 y declaraciones informativas

Por último el 28 de febrero finaliza el plaza para la presentación de la declaración informativa de entidades en régimen de atribución de rentas y de las declaración de operaciones con terceros.

HASTA EL 20 DE ENERO.  LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES:

Corresponde a las retenciones del IRPF (modelos 111), retenciones de rentas del alquiler (modelos 115) y rentenciones de rentas de capital (modelos 123) correspondientes al 4º trimestre del ejercicio (o los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los casos de grandes empresas)

 

HASTA EL 30 DE ENERO.  PAGOS FRACCIONADOS: 

Correspondientes a personas físicas (modelos 130/131) correspondientes al 4º trimestre del ejercicio.

 

HASTA EL 31 DE ENERO. DECLARACIONES DE IVA / IGIC / AIEM: 

Corresponde a las liquidaciones (mensual o trimestral) de IVA en régimen general (MODELOS 303/349), de IGIC, en régimen general (MODELOS 410, 411 y 420), IGIC en régimen simplificado (MODELOS 421), así como los respectivos resúmenes anuales de IGIC (modelos 425) e IVA (modelos 390)

 

HASTA EL 31 DE ENERO. DECLARACIONES RESÚMENES ANUALES: 

Corresponde a los resúmenes anuales de retenciones  por IRPF (modelos 190) por alquileres (modelos 180) y por capital mobiliario (modelos 193).

HASTA EL 31 DE ENERO Y DURANTE EL MES DE FEBRERO. DECLARACIONES INFORMATIVAS Y DE OPERACIONES CON TERCEROS:

Corresponde a la declaración de ayudas y donativos a entidades sin fin de lucro (Modelo 182); la declaración informativa de entidades en atribución de rentas (modelo 184) declaración informativa de subvenciones y ayudas (modelo 346) y las declaraciones de operaciones con terceros (modelos 347 / 415 / 416):

una nueva fuente de ingresos para la Pyme: Los contratos públicos

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, incorpora numerosas novedades para facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación que realizan todas las administraciones públicas, ya sean estas de ámbito estatal o local.

El próximo 9 de marzo entrará en vigor en España la nueva Ley de Contratos Públicos, una norma que, entre otros objetivos, pretende fomentar el acceso de las pymes a los contratos por obras y servicios ofertados por la administración estatal, autonómica o local. Se trata de una iniciativa que también contemplan al emprendedor y a los negocios de reciente creación como posibles aliados.

 

Medidas que potencian el acceso de la pyme a la contratación pública

– La supresión de la opacidad. Ya no será posible la contratación sin previa publicidad, independientemente de la cuantía del contrato.

– La obligatoriedad de dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento. Esta será la regla general que operará a partir de ahora, imponiéndose, además, la justificación motivada de su incumplimiento.

– La eliminación del requisito de solvencia técnica vinculado a la realización anterior de trabajos para la Administración. A partir del 9 de marzo los requisitos de solvencia que se exijan a las PYME tendrán que estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.

Estos pliegos se añaden con una doble finalidad, la de alivianar los niveles desproporcionados de cualificación y certificación exigidos por la anterior norma y la de permitir que las empresas de nueva creación no tengan que acreditar trabajos anteriores para poder empezar a hacerlo con la Administración.

– El cambio del criterio de adjudicación de la «oferta económica más ventajosa», por el de una «mejor relación calidad-precio». Esta medida quiere evitar que se sigan primando las ofertas con precio más bajo y que esto afecte a la calidad final de la obra

– El impulso de medidas para luchar contra la morosidad como, por ejemplo:

• La obligación de depositar cada factura en un registro electrónico

• La prohibición de pactar plazos de pago superiores a los fijados en la Ley.

• La posibilidad otorgada a los licitadores de pagar directamente las facturas de los subcontratistas, siempre y cuando esta facultad esté recogida en el pliego de condiciones.

Esta cuestión tendrá una repercusión directa muy positiva en las empresas dedicadas a la construcción, puesto que la nueva ley de contratos imposibilitará que las Administraciones certifiquen las obras en más de 30 días, sin excepciones; acelerando con ello el periodo medio de pago.

Menos trámites administrativos, la posibilidad de ofertar obras y servicios a partir de 15.000 euros y cobrar en cuanto se certifiquen los trabajos, principales atractivos de la nueva legislación.

– La reducción de la capacidad de la Administración en la adjudicación directa de los contratos menores, que ven rebajadas sus cuantías de 50.000 a 40.000 euros en el contrato de obras, y de 18.000 euros a 15.000 en los servicios y suministros

– La libertad de pactos y el contenido mínimo de los contratos .

Las administraciones públicas estarán obligadas a publicar todos los trámites que formen parte del proceso de contratación: el documento, sus modificaciones, cesiones, las actas de valoración de las ofertas o los expedientes previos de preparación. Estos registros serán abiertos y públicos, en favor de la transparencia.

-La previsión de medidas contra la corrupción obligando a observar una posición activa contra los supuestos fraudulentos y evitando que los sujetos que hayan sido condenados por corrupción puedan acceder a la contratación pública.

 

El Tribunal Supremo aclara los plazos para rectificar cuotas del IVA repercutidas en exceso

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 164/2018, 5 Feb. Recurso 646/2017

La rectificación de las cuotas del IVA, repercutidas como consecuencia de la modificación de la base imponible, debe efectuarse en el plazo de cuatro años y solo una vez producida dicha rectificación, si supone una modificación de las cuotas repercutidas a la baja, surge el plazo de un año para regularizar la situación tributaria, sin perjuicio de que se opte por instar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Surgen entonces dos plazos sucesivos: el primero, para rectificar las cuotas impositivas repercutidas, de cuatro años, con independencia de si la rectificación es al alza o a la baja, y un segundo, para que el sujeto pasivo regularice su situación tributaria, en cuyo caso, si la rectificación implica una minoración de las cuotas repercutidas y opta por llevar a cabo la regularización mediante declaración-liquidación, dispone de un año para obtener la devolución de las cuotas ingresadas en exceso.