Pues bien, a fecha de 26 de mayo de 2021 fue publicada en el BOE una norma que vuelve a reintroducir la obligación de presentar dicha declaración periódica, norma que entrará en vigor el próximo 26 de junio de 2021.

Los alquileres que deben informarse en la «Declaración de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» son aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

– Que supongan la cesión temporal de la totalidad o de parte de una vivienda que se encuentre situada dentro del territorio español y que esté amueblada y equipada para utilizarse de forma inmediata cualquiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa.

– Y que no estén entre las excepciones que establece la normativa. Así, no deben declararse, entre otros, aquellos arrendamientos temporales que se rigen por una normativa específica (por ejemplo, los de establecimientos hoteleros, alojamientos rurales, albergues o campings), las viviendas gestionadas por universidades para sus alumnos y empleados, o el uso de viviendas por porteros, guardas u otros asalariados.

En todo caso quedan excluidos de este concepto:

a) Los arrendamientos de vivienda tal y como aparecen definidos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, así como el subarriendo parcial de vivienda

b) Los alojamientos turísticos que se rigen por su normativa específica. A estos efectos no tendrán la consideración de excluidos las cesiones temporales de uso de vivienda a que se refiere el artículo 5.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con independencia del cumplimiento o no del régimen específico derivado de su normativa sectorial al que estuviera sometido.

c) El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.

d) Los usos y contratos del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, salvo aquellas cesiones a las que se refiere la letra e) de este artículo

Por otro lado, esta declaración informativa contendrá los siguientes datos:

a) Identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos.

b) Identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente.

c) Identificación de las personas o entidades cesionarias así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. A estos efectos, los cedentes del uso de la vivienda con fines turísticos deberán conservar una copia del documento de identificación de las personas beneficiarias del servicio, anteriormente señalado

d) Importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

e) Fecha de inicio del arrendamiento.

Por todo lo anterior, y en este sentido es importante tener en cuenta esta información al reintroducirse la obligación de realizar esta declaración informativa que tendrá una periodicidad trimestral, y deberá presentarse cada trimestre natural, en el plazo comprendido entre el primer y el último día del mes natural posterior a la finalización del trimestre.

La finalidad de esta declaración es que se cumpla con los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Entre otras, lo que hace Hacienda es buscar rastros y movimientos de los teléfonos de los posibles infractores en los repetidores de redes móviles de las fronteras con Portugal y con Andorra.

Esta práctica está avalada legalmente, indican tanto fuentes fiscalistas como de la propia AEAT. No se trata de acceder y utilizar indiscriminadamente a los datos de un repetidor sino sólo comprobar si a él se ha conectado el teléfono móvil de la persona a la que se esté investigando. «Son soluciones específicas para casos específicos«, indican desde la Agencia.

Lo que está claro es que las Administraciones Públicas han decidido ponerse duros con los falsos no residentes fiscales. De hecho, en las directrices del Plan de Control Tributario de 2021 de la Agencia se recoge «el establecimiento de un censo de potenciales residentes a partir de información tributaria de todo tipo (facilitada por los propios afectados o por terceros) e información obtenida por la Agencia Tributaria de otros Estados u otras instituciones públicas».

Concretamente se trata de un «colectivo amplio de contribuyentes no declarantes de IRPF en los que se aprecian nexos personales o patrimoniales con España«, para realizar sobre ellos un «seguimiento especial».

Para ello, se está haciendo uso de «fuentes abiertas y, muy especialmente, del desarrollo de una serie de trabajos de análisis de información ‘big data’ que permiten reconstruir el historial de permanencia en territorio español de este perfil de contribuyentes», indican desde la AEAT.

Como fuentes de información, la agencia recurre a «suministros o consumo de energía relativos a inmuebles utilizados«, movimientos de efectivo a través de cajeros automáticos, compras por internet (y recogida de las mismas en direcciones dentro de las fronteras nacionales) o multas de tráfico.

Visitas médicas

También se registra todo lo relacionado con visitas médicas (su realización, no su contenido), pagos con tarjetas extranjeras y abonos en comercios en España. La Agencia también cotejará la información que pueda haber en prensa y redes sociales sobre el contribuyente vigilado que pueda probar su presencia en el país.

Aunque a día de hoy la Agencia Tributaria no puede dar datos de ‘fugados’ fiscales cazados (puesto estas operaciones se hacen en el marco de una inspección fiscal habitual), gracias a la nueva metodología espera poder dar cifras concretas a partir de próximos años.

Estas investigaciones para comprobar que los no residentes fiscales cumplen la condición de no permanecer dentro de las fronteras españolas más de 183 días (seis meses) han aumentado en los últimos años.

«El control de los deslocalizados fiscales cada vez está más de moda«, indica Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). «Siempre ha sido un objetivo, pero ahora se ha puesto negro sobre blanco en el Plan de Control tributario».

Este tipo de ‘fugas’ fiscales «no son admisibles en ningún caso cuando se trate de deslocalizaciones ficticias y fraudulentas«, se apresura a asegurar Raventós.

«Ya no se oculta a nadie que el control de los deslocalizados es uno de los objetivos de la AEAT. Pero siempre hemos actuado contra las deslocalizaciones ficticias», explica Julio Ransés, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que advierte de que son «más corrientes de lo que parecen».

Lo cierto es que territorios fronterizos con España están ofreciendo fiscalidades más atractivas que la nacional. «Portugal ha reconocido que su régimen fiscal le ha reportado 30.000 nuevos residentes fiscales. Es muy superior a los atractivos para residir que España» para población extranjera, añade Raventós.

Aunque Andorra suele ser el ‘sospechoso’ más habitual cuando se habla de cambios de residencia por motivos tributarios, entre las rentas altas y los patrimonios elevados cada vez hay más interés en el campo fiscal portugués.

«Portugal es un país grande y tiene una capacidad de atractivo y para residir mayor que Andorra», indica Ransés. Según añade Javier Fernández Cuenca, socio del Área Tributaria del despacho Ceca Magán, la clave está en la baja fiscalidad a la que están sometidos las personas con altos ingresos respecto a España.

Por ejemplo, una persona con unos ingresos anuales de 80.000 euros, pagará un IRPF superior al 30% en España. En Portugal, este porcentaje baja al 20%.

Las ventajas tributarias son todavía más elevadas si se trata de ingresos mayores. Una renta de un millón de euros anuales está sometida a un IRPF del 44% en España (aunque depende del caso). En Portugal, una persona en la misma situación no tiene que pagar más del 20% por este impuesto.

Además, la ‘Ley Beckam’ lusa tiene una vigencia mayor que la española. Si bien los extranjeros que vivan en España pueden tributar como no residentes durante seis años, en Portugal este periodo sube a 10 años. Así mismo, todas las rentas de fuente extranjera no tienen que someterse a la fiscalidad portuguesa y no hay impuesto al Patrimonio.

Por ello, precisa Fernández Cuenca, está cambiando el perfil de las ‘mudanzas’ motivadas por la fiscalidad. «Las personas que consideraban este tipo de movimientos eran altos directivos de grandes empresas españolas, de la banca muy en particular». Sin embargo, «las grandes fortunas» ya se plantean dar este paso o lo han hecho, sobre todo para «huir del impuesto sobre el patrimonio».

De ahí que España haya puesto el foco en vigilar la frontera portuguesa (y con otros territorios, como ya es habitual) y la cuestión relacionada con los falsos no residentes fiscales.

Según explica Siro Barro, abogado de Alemany, Escalona & De Fuentes, Hacienda se ha mostrado inmisericorde incluso en tiempos de coronavirus. Cabe recordar que durante 2020, en lo peor de la pandemia se cerraron las fronteras de varios países, con lo cual hubo personas que tuvieron que quedarse en España más de 183 días, lo cual les convertía en residentes fiscales en España.

La doctrina que está aplicando la Dirección General de Tributos en este caso es que si la persona afectada es residente fiscal en un país con el que hay tratados de doble imposición «se levanta la mano» y se le permite mantener el estatus de no residente fiscal.

En cambio, si tiene su residencia en paraísos fiscales como El Líbano, Hacienda actuará conforme dictan las reglas tributarias españolas y la persona tendrá que pagar los impuestos ‘made in Spain’ que le correspondan.

https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20210523/hacienda-persigue-huidos-fiscales-traves-repetidores-telefonia/583192278_0.html

Dentro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias existen un conjunto de herramientas a disposición de los empresarios para, y en función de sus necesidades, disposición de liquidez, rentabilidad o planificación, optimizar su fiscalidad.

Es de todos conocidos la reserva de Inversiones como vía para apoyar el crecimiento empresarial o la inversión en producciones cinematográficas. A estos se les ha unido con fuerza en los últimos años la posibilidad de llevar a cabo esa optimización fiscal vía inversión en proyectos de I+D, el llamado Mecenazgo Tecnológico.

Esta opción, el Mecenazgo Tecnológico, permite una planificación fiscal con alta rentabilidad, en un periodo de tiempo corto y a través de una apuesta por el desarrollo de proyectos de investigación en las islas que al final apoyan la mejora competitiva de nuestra economía.

El Mecenazgo tecnológico lleva ya más de cinco años funcionando a nivel nacional, si bien es cierto que con la implantación del líder nacional de estas estructuras en Canarias, Kaudal, las empresas y profesionales de las islas, vía sus asesores fiscales, han accedido de forma más directa a la posibilidad de esta optimización fiscal y además apoyar el crecimiento tecnológico del archipiélago.

Sólo con desarrollo tecnológico y la planificación fiscal adecuada para cada momento, las empresa Canarias podrá mejorar sus principales indicadores económicos.